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Familia, asuntos civiles y contratación pública conservan categorías y direcciones comprensibles.
Una explicación clara del mecanismo, la función de la persona conciliadora y los efectos que puede producir la decisión voluntaria de las partes.
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Una explicación clara del mecanismo, la función de la persona conciliadora y los efectos que puede producir la decisión voluntaria de las partes.
Qué información conviene ordenar, cómo formular una pretensión clara y qué documentos relacionados ayudan a presentar correctamente una solicitud.
Cómo se documenta un acuerdo, por qué las obligaciones deben ser claras y qué ocurre cuando existe acuerdo total, parcial o falta de acuerdo.
Una guía para distinguir derechos disponibles, materias familiares con reglas especiales y asuntos que no pueden resolverse mediante un acuerdo conciliatorio.
Qué cambia entre asistir a la sede y participar por medios electrónicos, y qué condiciones deben verificarse antes de elegir una modalidad.
Cómo protege la ley la información conocida en la audiencia y por qué debe distinguirse entre el diálogo confidencial y el resultado documentado.
El procedimiento no siempre termina con un acuerdo: conoce las conclusiones previstas y por qué el acta debe reflejar correctamente lo ocurrido.
La persona conciliadora facilita la comunicación y puede proponer opciones, pero no juzga, no impone acuerdos ni reemplaza la asesoría individual.
Cómo identificar a la persona representada, acreditar facultades y evitar que una insuficiencia de poder impida participar o celebrar un acuerdo.
Una guía práctica sobre identificación, hechos, pretensión, representación y documentos vinculados con la controversia.
Qué ocurre después de presentar la solicitud, cómo se comunica la audiencia y qué tiempo mínimo debe existir para prepararse.
Datos, controversias, modalidad, conclusión y obligaciones que deben quedar correctamente documentados en el acta.
Qué permite exigir un acuerdo, por qué las obligaciones deben ser ciertas, expresas y exigibles y qué no resuelve la vía de ejecución.
Nueva fecha, tolerancia, constancia y conclusión: reglas que conviene conocer antes de faltar a una audiencia.
Una explicación prudente sobre procedibilidad, acuerdo, falta de acuerdo, ejecución y plazos antes de acudir a la vía judicial.
Una guía para comprender la apertura, el diálogo, la evaluación de propuestas y el cierre documentado de la audiencia.
El alcance del acuerdo determina qué controversias quedan solucionadas y cuáles pueden requerir una actuación posterior.
Participar en la audiencia no obliga a aceptar una solución; la falta de acuerdo tampoco decide el fondo del conflicto.
La primera entrega y las copias adicionales tienen reglas distintas sobre destinatarios, costos y custodia.
La videoconferencia no elimina las formalidades: identidad, comunicación, firma y acta deben cumplir la normativa conciliatoria.
Presentar una solicitud produce un efecto legal relevante, pero no autoriza a asumir que todos los plazos quedan detenidos indefinidamente.
Los principios legales orientan el procedimiento, la conducta de sus participantes y la actuación del centro y de la persona conciliadora.
Las partes deciden si acuerdan y qué aceptan, pero esa libertad no autoriza pactos contrarios a normas imperativas, orden público o buenas costumbres.
El abogado del centro verifica la legalidad del acuerdo total o parcial antes de que quede incorporado al acta.
En la conciliación no se declara quién tiene razón: las partes evalúan una solución consensuada con asistencia neutral.
La autorización del centro, la identificación de sus operadores y la claridad del servicio deben verificarse antes de entregar documentos o efectuar pagos.
La voluntad de las partes es esencial, pero no puede convertir en válido un acuerdo que contradiga la ley o afecte derechos indisponibles.
La ubicación del centro no se elige siempre libremente: la solicitud debe respetar las reglas territoriales, salvo los supuestos previstos por la normativa.
La rectificación tiene un procedimiento legal específico: el centro convoca a las partes y emite una nueva acta que sustituye a la anterior.
El testigo a ruego protege la participación de quien no puede firmar, imprimir su huella o leer el acta por analfabetismo.
La lengua no debe impedir comprender la audiencia: la Ley permite la intervención de un intérprete o traductor de confianza.
La imparcialidad se protege mediante reglas de impedimento, recusación y abstención que permiten reemplazar al conciliador sin perder la audiencia.
El centro solo puede cobrar tarifas previamente aprobadas y debe exhibirlas al público, incluidas su web y redes sociales.
La presentación de la solicitud activa actuaciones concretas del centro: asignación del conciliador, organización del expediente y preparación de las invitaciones.
El correo o teléfono consignado no autoriza automáticamente cualquier notificación: el Reglamento exige confirmar el canal y prevé alternativas.
Antes de la audiencia virtual, el centro debe comprobar por videoconferencia que la persona coincide con su documento y con la información de RENIEC.
Cuando la identidad no puede validarse conforme al Reglamento, el centro no continúa en línea: convierte el trámite y programa una audiencia presencial.
Una audiencia puede comprender varias sesiones, pero la interrupción, la fecha y la hora de continuación deben quedar documentadas.
La parte invitada puede objetar la modalidad electrónica dentro del plazo reglamentario; la controversia continúa en una audiencia presencial.
La entrega presencial sigue una secuencia reglada: búsqueda del invitado, entrega a persona capaz, aviso de retorno y constancia de la diligencia.
Si una parte asiste y la otra no ingresa dentro del plazo de tolerancia, el conciliador puede dejar constancia digital de la asistencia.
El centro puede evaluar una nueva fecha, la realización en el domicilio o el uso autorizado de medios electrónicos, según las circunstancias.
La asesoría puede ayudar a tomar una decisión informada, pero no autoriza al asesor a controlar el diálogo ni decidir por la parte.
Los operadores firman digitalmente; las partes pueden elegir firma electrónica o digital para la solicitud y el acta, conforme al Reglamento.
La grabación oficial no comprende toda la negociación: el Reglamento ordena detenerla durante las deliberaciones y retomarla para registrar el resultado.
La audiencia virtual requiere conexión estable, transmisión nítida, cámara, micrófono y un ambiente que permita dialogar sin interferencias.
La claridad digital protege la comunicación en tiempo real, el acceso a la grabación y la integridad del registro de la audiencia.
Las partes tienen acceso a la grabación de la audiencia en la que participaron y pueden solicitar nuevas copias conforme al Reglamento.
La comunicación debe intentarse de inmediato y, si la falla persiste, puede programarse excepcionalmente una nueva fecha para proteger la claridad digital.
El espacio debe estar iluminado, sin tránsito de personas ajenas y con el menor ruido posible para proteger claridad y confidencialidad.
El centro debe entregar a cada parte asistente una copia certificada digital del acta y aplicar reglas específicas cuando existe inasistencia.
El Reglamento permite solicitar verbalmente el formato, pero la petición final debe recoger los datos y requisitos exigidos para iniciar el trámite.
Los medios de contacto ayudan a comunicar la invitación y deben declararse con veracidad, especialmente cuando ya existió interacción electrónica.
El Reglamento reconoce una regla especial de identificación para padres menores de edad que representan a sus hijos en alimentos o visitas.
Los anexos electrónicos deben identificar a las partes, acreditar la representación y mostrar los documentos relacionados con el conflicto.
El poder por acta permite designar un representante en materias específicas y debe otorgarse dentro de la oportunidad prevista por el Reglamento.
La persona jurídica participa mediante un representante cuyo nombramiento o poder debe acreditar facultades suficientes y vigentes.
Las partes pueden iniciar juntas el procedimiento, pero aún deben precisar la controversia, la pretensión y la forma en que participarán.
Un acuerdo útil identifica quién cumple, qué debe hacer, cuándo vence la obligación y bajo qué condiciones puede exigirse.
Un cronograma claro reduce ambigüedades sobre cuotas, fechas, comprobantes y aplicación de cada pago.
La entrega debe describir el bien y establecer un mecanismo verificable para su recepción.
Una propuesta formulada durante el diálogo no se convierte en obligación si no es aceptada e incorporada al acta.
La lectura final debe confirmar que el documento refleja la voluntad real y contiene datos completos y coherentes.
La conciliación solo puede tratar pretensiones determinadas o determinables sobre derechos que las partes pueden disponer válidamente.
La solicitud debe permitir comprender qué se pide y cómo puede precisarse la obligación sin abrir una controversia distinta.
El diálogo puede precisar o replantear lo pedido, pero la nueva materia debe ser conciliable, comprendida por todos y reflejada con claridad.
Sin un domicilio conocido no puede cursarse válidamente la invitación y la ley dispone que la conciliación no procede en ese supuesto.
La ley señala que la conciliación no procede si la parte invitada domicilia en el extranjero, salvo la excepción expresa referida a su apoderado.
Cómo formular una propuesta inicial sobre monto, periodicidad y forma de pago.
La pensión de alimentos busca organizar una prestación destinada a cubrir necesidades protegidas de la persona alimentista. En niñas, niños y adolescentes, el concepto comprende lo necesario para su sustento, habitación, vestido, educación, asistencia médica y psicológica y recreación, entre otros componentes previstos por la legislación peruana. La conciliación permite que las partes construyan voluntariamente una forma clara de cumplimiento, siempre que el acuerdo sea legal y proteja adecuadamente a quien recibe los alimentos.
La conciliación en pensión de alimentos sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. El monto es solo una parte del acuerdo. También deben definirse las condiciones que permitan conocer cuándo, cómo y a favor de quién se cumple.
Para tratar pensión de alimentos, la persona usuaria o quien la represente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Qué revisar cuando se propone actualizar una pensión vigente por nuevas circunstancias.
El aumento parte de una obligación alimentaria vigente establecida por acta, sentencia, resolución o acuerdo jurídicamente verificable. La evaluación compara las circunstancias consideradas al fijar la pensión con la situación actual. El Código Civil permite que la pensión aumente o se reduzca según varíen las necesidades de la persona alimentista y las posibilidades de quien debe prestarla; por ello, la solicitud debe identificar con claridad qué cambió y formular una nueva propuesta.
La conciliación en aumento de pensión de alimentos sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. No basta pedir un monto diferente; conviene explicar qué cambió y cómo se propone cumplir en adelante.
Para tratar aumento de pensión de alimentos, la persona usuaria o quien la represente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Cómo ordenar una propuesta de disminución sin suspender unilateralmente la obligación.
La reducción de alimentos también requiere una obligación vigente y una variación posterior que justifique revisar su cuantía. El análisis no consiste únicamente en alegar menores ingresos: debe considerar simultáneamente las necesidades protegidas de la persona alimentista y las posibilidades actuales de quien presta los alimentos. Cuando existen niñas, niños o adolescentes, cualquier propuesta debe ser compatible con su interés superior y evitar que queden desprotegidos.
La conciliación en reducción de pensión de alimentos sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. No basta pedir un monto diferente; conviene explicar qué cambió y cómo se propone cumplir en adelante.
Para tratar reducción de pensión de alimentos, la persona usuaria o quien la represente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Qué antecedentes deben revisarse cuando se propone el cese de una obligación alimentaria.
La exoneración pretende que cese una obligación alimentaria previamente establecida. No equivale a una simple reducción y no opera de manera automática por el transcurso del tiempo. El artículo 483 del Código Civil contempla supuestos que requieren revisar la situación económica del obligado, el estado de necesidad de la persona alimentista y, según el caso, circunstancias como estudios realizados con éxito o incapacidad física o mental debidamente comprobada.
La conciliación en exoneración de alimentos sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. No es igual revisar una pensión nacida de un acta conciliatoria que una ordenada judicialmente. Tampoco es igual la situación de una persona menor de edad que la de una persona adulta.
Para tratar exoneración de alimentos, la persona usuaria o quien la represente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Cómo identificar conceptos, importes y documentos vinculados con estos gastos.
Esta materia permite dialogar sobre gastos acreditados y directamente vinculados con el embarazo y el parto. El artículo 414 del Código Civil regula, en el supuesto que contempla, el derecho de la madre a alimentos durante los sesenta días anteriores y posteriores al parto, además del pago de los gastos ocasionados por este y por el embarazo. La solicitud debe identificar la pretensión concreta y acompañar los antecedentes que permitan calificarla.
La conciliación en gastos de embarazo y parto sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. Una relación ordenada facilita que las partes comprendan qué se solicita y sobre qué documentos se sustenta.
Para tratar gastos de embarazo y parto, la persona usuaria o quien la represente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Orientación sobre una propuesta posterior al cese unilateral de una unión de hecho reconocida.
El segundo párrafo del artículo 326 del Código Civil contempla consecuencias específicas cuando una unión de hecho que reúne los requisitos legales termina por decisión unilateral. En ese contexto, la persona abandonada puede optar, según corresponda, por una cantidad de dinero por indemnización o por una pensión de alimentos, además de los derechos vinculados al régimen patrimonial. La conciliación exige identificar el supuesto, el antecedente de la unión y la prestación concreta que se propone.
La conciliación en pensión de alimentos a favor del conviviente sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. La calificación distingue el reconocimiento de la unión, su cese y la prestación alimentaria que se propone.
Para tratar pensión de alimentos a favor del conviviente, la persona usuaria o quien la represente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Cómo organizar una propuesta sobre residencia, rutinas y cuidado de hijos menores de edad.
La tenencia se relaciona con el cuidado cotidiano y la convivencia habitual de una niña, niño o adolescente. No convierte al hijo o hija en objeto de negociación ni elimina las responsabilidades del otro progenitor. El Código de los Niños y Adolescentes permite que los padres separados determinen la tenencia de común acuerdo y, si no existe acuerdo o este resulta perjudicial, prevé la intervención judicial, siempre atendiendo al interés superior del menor.
La conciliación en tenencia sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. Una formulación responsable identifica la residencia, las rutinas y la coordinación parental que se propone.
Para tratar tenencia, la persona usuaria o quien la represente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Qué condiciones conviene precisar para ordenar el contacto familiar.
El régimen de visitas organiza la comunicación y el contacto de la niña, niño o adolescente con el padre o madre que no ejerce la tenencia, sin perder de vista su derecho a mantener vínculos familiares compatibles con su bienestar. Un buen acuerdo debe adaptarse a la edad, rutinas, salud, escolaridad, distancias y necesidades concretas del hijo o hija. No se trata de premiar o sancionar a los adultos, sino de proteger una relación familiar saludable.
La conciliación en régimen de visitas sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. El acuerdo puede adaptarse a la realidad familiar, pero no debe ser genérico ni dejar decisiones esenciales para discusiones futuras.
Para tratar régimen de visitas, la persona usuaria o quien la represente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Cómo comparar el régimen vigente con las condiciones que se propone modificar.
La variación permite evaluar cambios a un régimen ya establecido cuando las condiciones familiares, escolares, laborales, geográficas o de salud han cambiado. La solicitud debe partir del acta o resolución vigente y señalar qué cláusulas se desean modificar. El objetivo no es desconocer el régimen anterior, sino construir una alternativa practicable que siga protegiendo la relación del hijo o hija con su familia.
La conciliación en variación del régimen de visitas sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. La propuesta puede actualizar horarios, traslados y modalidades de contacto, siempre dentro de los límites legales.
Para tratar variación del régimen de visitas, la persona usuaria o quien la represente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Cómo diferenciar cambios sobre alimentos, tenencia y visitas dentro de una nueva propuesta.
Una familia puede necesitar revisar varias medidas relacionadas, pero cada una conserva su propia finalidad y reglas. La pensión atiende necesidades alimentarias; la tenencia organiza el cuidado cotidiano; y las visitas regulan el contacto familiar. La solicitud debe identificar el antecedente vigente, describir qué cambió y precisar por separado las cláusulas que se pretende sustituir, evitando una modificación genérica que genere nuevas dudas.
La conciliación en modificación de acuerdos sobre alimentos, tenencia y visitas sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. La propuesta debe ser ejecutable y conservar las cláusulas que no se desean cambiar.
Para tratar modificación de acuerdos sobre alimentos, tenencia y visitas, la persona usuaria o quien la represente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Cómo identificar bienes, obligaciones y una propuesta de distribución después del fenecimiento del régimen.
La liquidación busca ordenar las consecuencias patrimoniales después de que el régimen de sociedad de gananciales haya fenecido por una causa legal. Requiere identificar bienes, derechos, obligaciones y cargas, distinguir lo social de lo propio y establecer una propuesta de distribución. La conciliación puede abordar derechos patrimoniales disponibles, pero no reemplaza declaraciones, inscripciones o formalidades que la ley exija para determinados bienes.
La conciliación en liquidación de sociedad de gananciales sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. La claridad patrimonial evita tratar como ganancial un bien propio o ignorar cargas que deben revisarse.
Para tratar liquidación de sociedad de gananciales, la persona usuaria o quien la represente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Qué antecedentes permiten ordenar una propuesta patrimonial vinculada con una unión de hecho reconocida.
La unión de hecho que cumple los requisitos del artículo 326 del Código Civil origina una sociedad de bienes sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto resulte aplicable. Al concluir la convivencia, la liquidación exige acreditar previamente el reconocimiento y el cese de la unión, identificar el patrimonio comprendido y formular una propuesta sobre bienes y obligaciones. La conciliación no declara la existencia de la unión de hecho.
La conciliación en liquidación de sociedad de bienes sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. La liquidación requiere distinguir bienes, deudas, fechas y derechos que cada parte puede disponer válidamente.
Para tratar liquidación de sociedad de bienes, la persona usuaria o quien la represente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Cómo separar las propuestas de alimentos, tenencia y visitas para un trámite posterior.
La Ley N.° 29227 exige que, cuando los cónyuges tienen hijos menores o mayores con incapacidad, presenten la documentación correspondiente sobre patria potestad, alimentos, tenencia y visitas para acceder al procedimiento de separación convencional y divorcio ulterior en sede notarial o municipal. Un acta de conciliación puede servir para regular esas materias, siempre que su contenido sea legal, suficiente y compatible con el interés superior de los hijos.
La conciliación en acta sobre hijos para divorcio notarial o municipal sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. Cada cláusula debe ser concreta, legal y compatible con el interés superior de los hijos.
Para tratar acta sobre hijos para divorcio notarial o municipal, la persona usuaria o quien la represente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Cómo formular una propuesta de cumplimiento, regularización o solución frente a una prestación pendiente.
El contrato obliga en cuanto expresa la voluntad común de las partes. Cuando una prestación no se ejecuta, se cumple de forma parcial, tardía o distinta, la conciliación permite explorar una solución consensuada sobre derechos disponibles. La persona conciliadora no declara quién incumplió ni impone una reparación.
La conciliación en incumplimiento de contrato sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. El contenido depende del contrato y de la disponibilidad del derecho discutido.
Para tratar incumplimiento de contrato, la persona natural, la persona jurídica o quien la represente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Qué revisar cuando se propone dejar sin efecto un contrato por una causa posterior a su celebración.
La resolución se diferencia de la nulidad: parte de un contrato válido y atiende una causa sobreviniente prevista por la ley o el acuerdo. En conciliación, las partes pueden construir una salida consensuada y precisar restituciones, pagos o entregas, siempre dentro de derechos disponibles.
La conciliación en resolución de contrato sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. El acuerdo debe atender tanto el fin del vínculo como sus consecuencias disponibles.
Para tratar resolución de contrato, la persona natural, la persona jurídica o quien la represente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Cómo precisar una prestación no dineraria, su plazo y las condiciones necesarias para cumplirla.
Las obligaciones civiles pueden consistir en entregar un bien, realizar una actividad o abstenerse de una conducta. Para conciliar, la prestación debe quedar determinada o ser determinable y recaer sobre un derecho disponible. La persona conciliadora no crea una obligación inexistente ni declara su incumplimiento.
La conciliación en obligaciones de dar, hacer o no hacer sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. La claridad protege a ambas partes y permite evaluar la exigibilidad del acuerdo.
Para tratar obligaciones de dar, hacer o no hacer, la persona natural, la persona jurídica o quien la represente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Cómo ordenar una propuesta para formalizar un acto válido que requiere escritura pública.
Cuando la ley o el acuerdo exigen escritura pública, las partes pueden conciliar sobre el otorgamiento de ese instrumento si existe un acto válido y una obligación disponible. El acuerdo no reemplaza la intervención notarial, la calificación registral ni las obligaciones tributarias o administrativas aplicables.
La conciliación en otorgamiento de escritura pública sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. La propuesta debe ser compatible con el acto previo y con las formalidades posteriores.
Para tratar otorgamiento de escritura pública, la persona natural, la persona jurídica o quien la represente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Qué datos permiten construir un cronograma claro para pagar una deuda determinada.
Cuando las partes reconocen una obligación disponible o desean evitar una controversia mayor, pueden dialogar sobre capital, cuotas, vencimientos y medios de pago. El centro no verifica contablemente la deuda ni decide su existencia; facilita una solución voluntaria con obligaciones ciertas, expresas y exigibles.
La conciliación en acuerdo de pago de deuda sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. La claridad permite que ambas partes sepan cuánto, cuándo y cómo se pagará.
Para tratar acuerdo de pago de deuda, la persona natural, la persona jurídica o quien la represente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Cómo delimitar capital, vencimiento, pagos realizados y una propuesta sobre una obligación dineraria.
Esta materia se utiliza cuando se solicita el pago de una suma determinada o determinable. La solicitud debe explicar el origen de la obligación y distinguir capital, intereses alegados, pagos parciales y saldo. El centro no emite una sentencia de condena ni sustituye una liquidación técnica controvertida.
La conciliación en obligación de dar suma de dinero sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. La obligación final debe poder ejecutarse sin nuevas interpretaciones.
Para tratar obligación de dar suma de dinero, la persona natural, la persona jurídica o quien la represente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Cómo presentar una oferta concreta de cumplimiento sin confundirla con una consignación judicial.
La conciliación puede servir para que una parte proponga cumplir y la otra evalúe voluntariamente la oferta. El acuerdo debe precisar la prestación y las condiciones de recepción. Si no existe aceptación, el solo ofrecimiento conciliatorio no produce automáticamente los efectos del pago ni reemplaza el procedimiento de ofrecimiento de pago y consignación.
La conciliación en ofrecimiento de pago sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. La oferta debe ser concreta y compatible con la prestación debida.
Para tratar ofrecimiento de pago, la persona natural, la persona jurídica o quien la represente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Cómo distinguir el origen, el saldo reconocido y la propuesta de cumplimiento sin presumir una deuda no aceptada.
El reconocimiento es una manifestación sobre una obligación preexistente; no debe usarse para ocultar un origen ilícito ni para afectar derechos de terceros. En conciliación, las partes pueden delimitar el capital, los abonos, el saldo y la forma de pago, pero el centro no certifica la contabilidad ni declara judicialmente que la deuda existe.
La conciliación en reconocimiento de deuda y conciliación sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. El reconocimiento debe corresponder únicamente a los extremos que las partes acepten de forma libre e informada.
Para tratar reconocimiento de deuda y conciliación, la persona natural, la persona jurídica o quien la represente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Qué revisar para proponer la entrega voluntaria y ordenada de un inmueble.
En controversias por vencimiento de contrato, falta de título u otras situaciones de ocupación, las partes pueden acordar la entrega del inmueble y sus condiciones. El centro no declara la precariedad, no decide la propiedad y no realiza desalojos materiales.
La conciliación en desalojo y restitución de inmueble sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. Una entrega bien descrita reduce nuevos conflictos.
Para tratar desalojo y restitución de inmueble, la persona natural, la persona jurídica o quien la represente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Cómo identificar copropietarios, bienes, cargas y una propuesta de adjudicación o venta.
La copropiedad atribuye cuotas ideales sobre un bien. La conciliación puede ayudar a organizar una partición voluntaria, adjudicación, compensación o venta cuando todas las personas cuyos derechos resultan afectados participan y el contenido es legal.
La conciliación en división y partición de bienes sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. La solución debe incluir a todos los derechos afectados y respetar formalidades.
Para tratar división y partición de bienes, la persona natural, la persona jurídica o quien la represente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Cómo documentar obras, gastos y una propuesta económica vinculada con mejoras en un inmueble.
El Código Civil distingue mejoras necesarias, útiles y de recreo y vincula su reembolso con requisitos y circunstancias concretas. En conciliación, las partes pueden negociar una solución patrimonial disponible, pero el centro no clasifica definitivamente las obras ni declara el derecho al pago.
La conciliación en pago de mejoras en inmueble sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. El acuerdo debe identificar las mejoras y el tratamiento económico aceptado.
Para tratar pago de mejoras en inmueble, la persona natural, la persona jurídica o quien la represente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Qué compromisos pueden evaluarse sin reemplazar el trámite técnico, notarial, judicial o registral.
Las diferencias entre la realidad física, los títulos y la partida registral pueden requerir una vía notarial o judicial y documentación técnica. La conciliación puede servir para recoger compromisos disponibles entre quienes deben intervenir, pero no reemplaza la competencia del notario, del juez, de la municipalidad ni de SUNARP.
La conciliación en rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. Solo pueden acordarse obligaciones disponibles, posibles y compatibles con los títulos y los derechos de terceros.
Para tratar rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas, la persona natural, la persona jurídica o quien la represente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Cómo proponer una restitución voluntaria sin que el centro declare propiedad ni mejor derecho.
La reivindicación es una acción del propietario para recuperar un bien. En conciliación, las partes pueden evaluar una restitución voluntaria y ordenar sus condiciones patrimoniales disponibles, pero la persona conciliadora no declara quién es propietario ni quién tiene mejor derecho a poseer.
La conciliación en reivindicación y restitución de la posesión sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. La solución puede organizar la restitución y sus efectos disponibles sin declarar derechos controvertidos.
Para tratar reivindicación y restitución de la posesión, la persona natural, la persona jurídica o quien la represente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Por qué la conciliación es facultativa y no debe hacer perder el plazo legal del retracto.
El retracto permite a determinadas personas subrogarse en el lugar del comprador bajo las condiciones fijadas por la ley. La conciliación previa no es exigible para demandar retracto: el artículo 9 de la Ley de Conciliación la califica como facultativa. Buscar un acuerdo no debe hacer perder el plazo legal.
La conciliación en retracto: plazo y límites de la conciliación sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. Solo corresponde conciliar derechos disponibles y obligaciones claramente identificadas, sin afirmar que el retracto ya fue adquirido.
Para tratar retracto: plazo y límites de la conciliación, la persona natural, la persona jurídica o quien la represente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Cómo individualizar el hecho, el daño alegado, el sustento y la reparación que se propone.
La indemnización puede relacionarse con el incumplimiento de una obligación o con un hecho dañoso extracontractual. La solicitud debe distinguir el origen de la responsabilidad, identificar los daños alegados y explicar el monto propuesto. La conciliación no declara responsabilidad ni sustituye una pericia.
La conciliación en indemnización por daños y perjuicios sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. Solo se acuerdan conceptos disponibles, determinados y aceptados por las partes.
Para tratar indemnización por daños y perjuicios, la persona natural, la persona jurídica o quien la represente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Cómo separar daños civiles, cobertura del SOAT y actuaciones penales o administrativas.
La reparación civil puede comprender daños personales o materiales, pero debe distinguirse de la investigación penal, las infracciones de tránsito y la cobertura inmediata del SOAT o CAT. La conciliación solo puede abordar extremos civiles disponibles y no sustituye la actuación de la Policía, Fiscalía, aseguradora o autoridad judicial.
La conciliación en indemnización por accidente de tránsito sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. La propuesta debe limitarse a consecuencias civiles disponibles y considerar coberturas o pagos previos.
Para tratar indemnización por accidente de tránsito, la persona natural, la persona jurídica o quien la represente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Cómo delimitar una obligación contractual pendiente y una propuesta compatible con el régimen de contratación pública.
Durante la ejecución pueden surgir diferencias sobre entregas, coordinaciones, deberes documentales, prestaciones o conductas exigibles a la entidad y al contratista. El literal f) del artículo 81.1 de la Ley N.° 32069 permite conciliar obligaciones de las partes durante la ejecución contractual. Esto no convierte toda discrepancia administrativa en conciliable: la obligación, su fuente y el efecto solicitado deben estar claramente delimitados.
La conciliación en obligaciones durante la ejecución contractual sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. El contenido final depende del contrato, la normativa vigente, las competencias de la entidad y la disponibilidad de la controversia.
Para tratar obligaciones durante la ejecución contractual, el contratista, la entidad o quien cuente con representación suficiente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Qué antecedentes y efectos deben ordenarse cuando se discute una ampliación del plazo contractual.
El literal b) del artículo 81.1 incluye la ampliación de plazo contractual entre las controversias conciliables. Una explicación útil no se limita a indicar los días solicitados: debe identificar el evento, el momento en que ocurrió, la afectación alegada sobre la ejecución, la solicitud presentada y la respuesta de la entidad. Los requisitos materiales dependen del objeto contractual y de las reglas que resulten aplicables.
La conciliación en ampliación de plazo contractual sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. El contenido final depende del contrato, la normativa vigente, las competencias de la entidad y la disponibilidad de la controversia.
Para tratar ampliación de plazo contractual, el contratista, la entidad o quien cuente con representación suficiente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Cómo identificar la comunicación de resolución, su causa, sus efectos y el plazo aplicable.
El literal a) del artículo 81.1 reconoce la resolución de contrato como materia conciliable. La controversia puede referirse a la eficacia de la resolución comunicada o a efectos disponibles derivados de ella, según el caso. La solicitud debe distinguir la resolución de la nulidad: en los contratos ordinarios, el artículo 81.2 excluye expresamente la nulidad de la conciliación.
La conciliación en resolución de contrato sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. El contenido final depende del contrato, la normativa vigente, las competencias de la entidad y la disponibilidad de la controversia.
Para tratar resolución de contrato, el contratista, la entidad o quien cuente con representación suficiente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Cómo ordenar entregas, observaciones, subsanaciones y la decisión sobre la conformidad.
El literal c) del artículo 81.1 permite conciliar controversias sobre recepción y conformidad. La recepción registra la entrega o culminación; la conformidad expresa la verificación de que la prestación responde a lo pactado. La controversia debe explicar qué se entregó, qué observación se formuló, cómo se subsanó y qué decisión se discute.
La conciliación en recepción y conformidad de la prestación sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. El contenido final depende del contrato, la normativa vigente, las competencias de la entidad y la disponibilidad de la controversia.
Para tratar recepción y conformidad de la prestación, el contratista, la entidad o quien cuente con representación suficiente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Qué revisar cuando existe controversia sobre el cálculo final y el cierre económico del contrato.
El literal e) del artículo 81.1 incluye la liquidación de contrato como materia conciliable. La liquidación ordena económicamente el cierre contractual; por ello, una controversia útil debe separar lo aceptado de lo discutido, identificar cada partida, pago, deducción, penalidad o saldo y explicar el cálculo que se propone.
La conciliación en liquidación de contrato sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. El contenido final depende del contrato, la normativa vigente, las competencias de la entidad y la disponibilidad de la controversia.
Para tratar liquidación de contrato, el contratista, la entidad o quien cuente con representación suficiente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Cómo presentar periodos, cantidades, partidas, sustento técnico y diferencias económicas.
El literal d) del artículo 81.1 reconoce valorizaciones o metrados como materia conciliable. No basta señalar un monto global: la controversia debe identificar el periodo, la partida o prestación, la cantidad reconocida y reclamada, el precio o fórmula aplicada y la decisión que generó la diferencia.
La conciliación en valorizaciones y metrados sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. El contenido final depende del contrato, la normativa vigente, las competencias de la entidad y la disponibilidad de la controversia.
Para tratar valorizaciones y metrados, el contratista, la entidad o quien cuente con representación suficiente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Cómo vincular el pago reclamado con la prestación, conformidad, valorización o liquidación que lo sustenta.
La Ley N.° 32069 permite conciliar obligaciones de las partes durante la ejecución, así como recepción, conformidad, valorizaciones, metrados y liquidación. Por eso, un reclamo de pago debe identificarse según su verdadera fuente: prestación conformada, valorización aprobada, saldo de liquidación u otra obligación contractual disponible. La palabra “pago” no elimina la necesidad de calificar el supuesto legal.
La conciliación en pagos contractuales sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. El contenido final depende del contrato, la normativa vigente, las competencias de la entidad y la disponibilidad de la controversia.
Para tratar pagos contractuales, el contratista, la entidad o quien cuente con representación suficiente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Cómo individualizar el hecho contractual, el daño alegado, su relación causal y la cuantificación.
El artículo 330.1 del Reglamento incorpora la indemnización por daños y perjuicios durante la ejecución contractual. La pretensión debe describir un hecho concreto, el daño alegado, la relación causal y el monto. No todo perjuicio es conciliable: la propia Ley excluye las pretensiones de enriquecimiento sin causa o indemnización derivadas de prestaciones adicionales ejecutadas sin aprobación o parcialmente aprobadas.
La conciliación en indemnización por daños y perjuicios sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. El contenido final depende del contrato, la normativa vigente, las competencias de la entidad y la disponibilidad de la controversia.
Para tratar indemnización por daños y perjuicios, el contratista, la entidad o quien cuente con representación suficiente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Qué información permite diferenciar un defecto no advertible de una observación ya conocida.
El artículo 330.1 del Reglamento incorpora los vicios ocultos entre las controversias conciliables. La solicitud debe identificar el defecto, la fecha y forma de descubrimiento, el uso o conservación de la prestación y la razón por la que no habría sido razonablemente detectable en la recepción o conformidad.
La conciliación en vicios ocultos sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. El contenido final depende del contrato, la normativa vigente, las competencias de la entidad y la disponibilidad de la controversia.
Para tratar vicios ocultos, el contratista, la entidad o quien cuente con representación suficiente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Cómo identificar garantías, entregables u obligaciones que subsisten después de la prestación principal.
El artículo 330.1 del Reglamento permite conciliar otras obligaciones posteriores al cumplimiento de la prestación principal. Pueden existir garantías, asistencia, transferencia, documentación, corrección u otros deberes que subsisten por contrato o norma. La solicitud debe mostrar que la obligación estaba prevista y seguía vigente cuando ocurrió la controversia.
La conciliación en obligaciones posteriores a la prestación principal sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. El contenido final depende del contrato, la normativa vigente, las competencias de la entidad y la disponibilidad de la controversia.
Para tratar obligaciones posteriores a la prestación principal, el contratista, la entidad o quien cuente con representación suficiente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Cómo delimitar una prestación complementaria vinculada al objeto contractual principal.
El artículo 330.1 del Reglamento reconoce las prestaciones accesorias como materia conciliable. Estas prestaciones complementan o aseguran la utilidad del objeto principal, pero deben tener sustento contractual. La controversia debe explicar su contenido, oportunidad, autonomía relativa y relación con la prestación principal.
La conciliación en prestaciones accesorias sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. El contenido final depende del contrato, la normativa vigente, las competencias de la entidad y la disponibilidad de la controversia.
Para tratar prestaciones accesorias, el contratista, la entidad o quien cuente con representación suficiente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
Qué controversias pueden conciliarse cuando el vínculo se rige como contrato menor.
El artículo 81.3 de la Ley N.° 32069 permite que las partes pacten la conciliación como mecanismo de solución en contratos menores. El artículo 330.1 del Reglamento añade que las controversias sobre validez, nulidad, interpretación, ejecución, terminación o eficacia de estos contratos se resuelven mediante conciliación. Esta regla especial no debe trasladarse automáticamente a contratos ordinarios.
La conciliación en contratos menores sirve para que las partes examinen voluntariamente una propuesta concreta, ordenen sus condiciones y, si alcanzan consenso, redacten obligaciones claras y verificables sin que la persona conciliadora decida por ellas. El contenido final depende del contrato, la normativa vigente, las competencias de la entidad y la disponibilidad de la controversia.
Para tratar contratos menores, el contratista, la entidad o quien cuente con representación suficiente debe identificar a quienes intervendrán, exponer los hechos en orden, formular una pretensión clara y reunir los documentos vinculados con el origen y el alcance de la controversia. Los requisitos particulares dependen de la materia, los antecedentes y la modalidad de audiencia.
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Las normas establecen el marco jurídico. Las guías institucionales complementan la orientación pública y cada publicación identifica las fuentes específicas de su materia.
Ley de Conciliación y sus modificatorias.
Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley de Conciliación.
Información institucional sobre conciliación extrajudicial.
Orientación oficial complementaria para ciudadanía y operadores.
Última revisión editorial y jurídica: 11 de noviembre de 2026.
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