Identifica la obligación contractual discutida, el hito de ejecución y una propuesta precisa antes de elegir la vía de solución.
Durante la ejecución pueden surgir diferencias sobre entregas, coordinaciones, deberes documentales, prestaciones o conductas exigibles a la entidad y al contratista. El literal f) del artículo 81.1 de la Ley N.° 32069 permite conciliar obligaciones de las partes durante la ejecución contractual. Esto no convierte toda discrepancia administrativa en conciliable: la obligación, su fuente y el efecto solicitado deben estar claramente delimitados.
Esta explicación está dirigida a personas, empresas y entidades que necesitan identificar la controversia antes de preparar documentos o controlar el plazo.
Durante la ejecución pueden surgir diferencias sobre entregas, coordinaciones, deberes documentales, prestaciones o conductas exigibles a la entidad y al contratista. El literal f) del artículo 81.1 de la Ley N.° 32069 permite conciliar obligaciones de las partes durante la ejecución contractual. Esto no convierte toda discrepancia administrativa en conciliable: la obligación, su fuente y el efecto solicitado deben estar claramente delimitados.
Esta materia comprende diferencias sobre deberes que ya forman parte del contrato y que deben cumplirse mientras la prestación se encuentra en ejecución. Para evaluarla es necesario ubicar la cláusula o documento integrante que origina la obligación, el momento en que debía ejecutarse, la actuación realizada por cada parte y el efecto concreto que se solicita. La conciliación puede ordenar una forma de cumplimiento, subsanación, coordinación o acreditación compatible con el contrato, pero no puede crear una prestación nueva, aprobar un adicional por una vía distinta de la prevista legalmente ni reemplazar una competencia obligatoria de la entidad. Identifica si el deber proviene del contrato, sus adendas, los documentos que lo integran, una orden válida o una norma aplicable. Ubica el hecho dentro del cronograma: prestación pendiente, cumplimiento parcial, observación, coordinación o actuación posterior. Precisa si se propone cumplir, subsanar, reconocer un hito, ordenar una actuación o establecer un plazo compatible con el contrato.
Sirve para convertir una controversia de la ejecución contractual en una propuesta delimitada y jurídicamente posible, siempre que la materia, el régimen y el plazo permitan conciliar. El contenido final depende del contrato, la normativa vigente, las competencias de la entidad y la disponibilidad de la controversia. Prestación, documento, coordinación o conducta exigible durante la ejecución. Responsable, plazo, secuencia y evidencia objetiva para verificar el acuerdo. Consecuencias económicas o administrativas disponibles que deriven directamente de la obligación.
La vía, el plazo y los documentos dependen del contenido real de la pretensión, no solo del nombre que se le asigne.
Identifica si el deber proviene del contrato, sus adendas, los documentos que lo integran, una orden válida o una norma aplicable.
Ubica el hecho dentro del cronograma: prestación pendiente, cumplimiento parcial, observación, coordinación o actuación posterior.
Precisa si se propone cumplir, subsanar, reconocer un hito, ordenar una actuación o establecer un plazo compatible con el contrato.
El contenido final depende del contrato, la normativa vigente, las competencias de la entidad y la disponibilidad de la controversia.
Prestación, documento, coordinación o conducta exigible durante la ejecución.
Responsable, plazo, secuencia y evidencia objetiva para verificar el acuerdo.
Consecuencias económicas o administrativas disponibles que deriven directamente de la obligación.
La persona, empresa o entidad solicitante debe presentar documentos legibles y relacionados con su pretensión. La lista se ajusta al contrato y a la controversia concreta.
Identifica a la entidad y al contratista, narra los hechos en orden y formula un resultado determinado, sin mezclar controversias con plazos diferentes.
Adjunta los documentos de identidad y, para la persona jurídica o entidad, la vigencia o documento que acredite representación y facultades suficientes para conciliar.
Presenta el contrato, orden o documento equivalente, adendas, documentos integrantes y cláusula de solución de controversias.
Presenta el contrato, adendas, bases integradas, oferta y documentos que contengan la obligación discutida.
Ordena comunicaciones, informes, actas, órdenes y constancias por fecha.
Señala la disposición contractual relevante y el resultado que propones acordar.
Adjunta la comunicación que origina la controversia, la constancia de notificación y un cuadro con las fechas necesarias para revisar la caducidad.
Acompaña la interacción electrónica previa y la declaración jurada sobre equipo, internet, cámara y micrófono previstas por el Reglamento de la Ley de Conciliación.
En contratación pública, la correcta identificación de la vía y la oportunidad es tan importante como el sustento de fondo.
Identifica la materia exacta, el régimen temporal, el contrato y la vía de solución pactada.
Determina el hito de inicio y verifica el plazo de caducidad antes de presentar la solicitud.
Las partes sustentan sus posiciones; la entidad adopta el acuerdo mediante la autoridad competente cuando corresponda.
El acuerdo debe respetar la Ley N.° 32069, su Reglamento, el contrato y la disponibilidad jurídica de la materia. No puede utilizarse para aprobar prestaciones adicionales prohibidas ni para sustituir competencias indelegables.
La orientación general no reemplaza el análisis del contrato, las notificaciones y el régimen legal aplicable.
Puede evaluarse una alternativa compatible con la ley, el contrato y las competencias de la entidad. No procede usar la conciliación para eludir una aprobación o formalidad obligatoria.
No como regla general. El artículo 76.5 de la Ley N.° 32069 establece que el inicio del mecanismo no suspende ni paraliza las obligaciones contractuales, salvo que la entidad contratante o el órgano jurisdiccional competente disponga lo contrario conforme a las condiciones previstas en el Reglamento.
No. El artículo 84 establece plazos de caducidad y reglas diferentes según la controversia. Deben revisarse la fecha de notificación, entrega, conformidad, liquidación o pago aplicable antes de presentar la solicitud.
El texto es original y se elaboró con fuentes oficiales peruanas. La vigencia, el régimen transitorio y las modificaciones deben comprobarse nuevamente al presentar el caso.
Disposición utilizada para delimitar esta materia y sus principales límites.
Contratación públicaLey N.° 32069 — Ley General de Contrataciones PúblicasLos artículos 76, 81, 82 y 84 regulan los mecanismos de solución, las materias conciliables, el procedimiento y los plazos de caducidad.
Reglamento vigenteReglamento de la Ley N.° 32069El artículo 330 incorpora indemnización, prestaciones accesorias, vicios ocultos, obligaciones posteriores y reglas especiales para contratos menores.
Procedimiento conciliatorioD.S. N.° 017-2021-JUS — TUO del Reglamento de la Ley de ConciliaciónRegula la solicitud, anexos, representación, audiencia y requisitos del acta de conciliación.
Orientación oficialOECE: controversias durante la contrataciónInformación institucional sobre mecanismos de solución de controversias en contratación pública.
Revisión jurídica: 10 de noviembre de 2026. La Ley N.° 32069 y su Reglamento tienen reglas transitorias; revisa la fecha de convocatoria o perfeccionamiento y las modificaciones vigentes antes de actuar.
Indica la entidad, el objeto contractual, la controversia, la fecha de notificación y el mecanismo pactado para recibir una orientación inicial.
