¿Qué es?
Es un mecanismo de solución de controversias que puede emplearse durante la ejecución de determinados contratos públicos cuando la ley, el reglamento y el contrato permiten someter la materia a conciliación. Intervienen la entidad y el contratista, asistidos por una persona conciliadora que facilita la negociación sin sustituir las competencias legales de la entidad.