Identifica el contrato, la causa posterior invocada y los efectos patrimoniales que se propone ordenar.
La resolución se diferencia de la nulidad: parte de un contrato válido y atiende una causa sobreviniente prevista por la ley o el acuerdo. En conciliación, las partes pueden construir una salida consensuada y precisar restituciones, pagos o entregas, siempre dentro de derechos disponibles.
La guía explica el problema con lenguaje directo para que una persona o empresa pueda reconocer qué se discute y qué resultado puede proponer.
La resolución se diferencia de la nulidad: parte de un contrato válido y atiende una causa sobreviniente prevista por la ley o el acuerdo. En conciliación, las partes pueden construir una salida consensuada y precisar restituciones, pagos o entregas, siempre dentro de derechos disponibles.
La solicitud debe identificar el contrato y la cláusula, obligación o hecho posterior que sirve de base a la propuesta. Conviene precisar desde cuándo se propone resolver y cómo se tratarán bienes, pagos, anticipos, prestaciones ejecutadas y documentos. Las restituciones y pagos deben indicar cantidad, plazo, lugar, medio y responsable para que el contenido sea verificable.
Sirve para convertir la controversia civil en una propuesta concreta de cumplimiento, pago, entrega, restitución u otra solución jurídicamente disponible. El acuerdo debe atender tanto el fin del vínculo como sus consecuencias disponibles. Contrato, cláusulas alcanzadas y momento desde el cual se propone la resolución. Devolución de bienes, documentos, anticipos u otras prestaciones identificadas. Montos, compensaciones disponibles y cronograma que las partes decidan acordar.
La denominación de la materia no confirma por sí sola su admisión. La pretensión y los documentos deben revisarse en conjunto.
La solicitud debe identificar el contrato y la cláusula, obligación o hecho posterior que sirve de base a la propuesta.
Conviene precisar desde cuándo se propone resolver y cómo se tratarán bienes, pagos, anticipos, prestaciones ejecutadas y documentos.
Las restituciones y pagos deben indicar cantidad, plazo, lugar, medio y responsable para que el contenido sea verificable.
El acuerdo debe atender tanto el fin del vínculo como sus consecuencias disponibles.
Contrato, cláusulas alcanzadas y momento desde el cual se propone la resolución.
Devolución de bienes, documentos, anticipos u otras prestaciones identificadas.
Montos, compensaciones disponibles y cronograma que las partes decidan acordar.
Los artículos 18 y 23 del Reglamento regulan el contenido y los anexos generales. Los documentos específicos se presentan solo cuando se relacionan con la pretensión y los antecedentes del caso.
Identifica a las partes, expone los hechos en orden y formula una pretensión determinada o determinable, con una propuesta concreta.
Adjunta copia simple del DNI, carné de extranjería, pasaporte u otro documento oficial de la persona solicitante y, si interviene, de su representante.
Proporciona nombre completo o razón social y domicilio real de cada persona invitada.
Permiten identificar el vínculo que se pretende resolver y las reglas pactadas.
Adjunta comunicaciones, requerimientos, constancias u otros sustentos relacionados, cuando correspondan.
Indica pagos, entregas o servicios ya realizados y acompaña su sustento disponible.
Explica qué se devolverá, pagará o entregará, con plazos y condiciones.
Adjunta los documentos relacionados con los hechos y la pretensión que estén disponibles. Su pertinencia se revisa según el caso.
Si participa una empresa, representante o apoderado, presenta el documento de representación y las facultades expresas exigidas para conciliar y disponer del derecho.
Presenta la interacción electrónica previa y la declaración jurada sobre disponibilidad de internet y equipo con cámara y micrófono, conforme al Reglamento.
La conciliación es consensual: la persona conciliadora facilita la comunicación y controla la legalidad, pero no resuelve como juez.
Identifica a las partes, relata los hechos en orden y formula una pretensión determinada o determinable.
El centro revisa la solicitud y sus anexos y, si corresponde, cursa las invitaciones conforme al Reglamento.
Las partes participan voluntariamente en la búsqueda de una solución con asistencia de la persona conciliadora.
El resultado se documenta. Solo los acuerdos ciertos, expresos y exigibles tienen mérito ejecutivo.
El centro no determina la validez de una resolución unilateral controvertida. Su función es facilitar una solución voluntaria y legal.
Estas respuestas son orientación general y no sustituyen la revisión jurídica de los antecedentes.
No. La resolución opera por una causa posterior en un contrato válido; la nulidad cuestiona la validez del acto y tiene un tratamiento distinto.
Puede proponerse si corresponde al caso y las partes determinan monto, plazo y forma de devolución.
No. La persona conciliadora no ejerce función jurisdiccional ni declara la existencia de la causal.
El contenido fue redactado a partir de fuentes oficiales peruanas y no copia textos de otros centros. La calificación final depende de la pretensión y los documentos del caso.
Distinguen la resolución y regulan supuestos de resolución por incumplimiento en contratos con prestaciones recíprocas.
Conciliación extrajudicialLey N.° 26872 y Reglamento — textos actualizadosLos artículos 7 y 7-A delimitan las materias conciliables y no conciliables; el Reglamento desarrolla la solicitud, anexos, representación y audiencia.
Fuente institucionalOrientación oficial del MINJUSDHIdentifica materias civiles frecuentes que pueden evaluarse en conciliación extrajudicial.
Revisión jurídica: 10 de noviembre de 2026. Verifica siempre la vigencia normativa y los antecedentes antes de presentar documentos.
Describe el contrato, deuda, inmueble, prestación o daño y los antecedentes disponibles. La orientación inicial no confirma la admisión del caso.
