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Operadores · CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

Qué hace una persona conciliadora extrajudicial y qué no puede hacer

La persona conciliadora conduce la audiencia y ayuda a que las partes identifiquen el conflicto, se escuchen y evalúen alternativas. Su intervención es activa, pero no sustituye la voluntad de quienes participan.

FUNCIÓN

Facilitar la comunicación y ordenar el diálogo

La persona conciliadora explica las reglas de la audiencia, ayuda a precisar los puntos controvertidos y promueve una comunicación respetuosa. Puede utilizar técnicas de conciliación y formular propuestas que las partes son libres de aceptar, modificar o rechazar.

También debe cuidar que la participación sea voluntaria y que el acuerdo, si se alcanza, exprese lo realmente decidido. La normativa asigna deberes vinculados con la confidencialidad, la imparcialidad, la conducción del procedimiento y la elaboración del acta.

LÍMITES

No decide el caso ni representa a una de las partes

La persona conciliadora no dicta una sentencia, no declara quién es propietario, acreedor o responsable y no puede obligar a aceptar una propuesta. Tampoco debe actuar como abogado particular de una de las partes dentro de la audiencia.

Cuando una persona necesita evaluar riesgos, estrategia, consecuencias tributarias, registrales o judiciales, puede requerir asesoría independiente. La función conciliadora se concentra en facilitar el acuerdo posible, no en reemplazar esa evaluación individual.

ACUERDO

La claridad del acta forma parte de una conducción responsable

Si existe acuerdo, la persona conciliadora debe ayudar a expresar con precisión las obligaciones y coordinar la elaboración del acta conforme a la ley. El contenido necesita identificar prestaciones, sujetos y condiciones de cumplimiento.

Antes de firmar, las partes deben revisar el texto y pedir las aclaraciones necesarias. La presencia de la persona conciliadora no elimina la responsabilidad de comprender el alcance de lo aceptado ni convierte en válido un compromiso contrario al ordenamiento.

QUÉ DEBE ESPERAR EL USUARIO

La audiencia debe permitir expresión libre, escucha y evaluación de opciones

El Reglamento encarga a la persona conciliadora facilitar el diálogo, analizar anticipadamente la solicitud y promover la comunicación entre quienes participan. Cuando resulte necesario puede proponer fórmulas conciliatorias, pero esas alternativas no obligan a ninguna parte.

La persona usuaria puede pedir que se aclare el procedimiento, exponer su posición y evaluar cada propuesta antes de aceptarla. También puede rechazar una fórmula que no responda a sus intereses. La decisión de celebrar o no un acuerdo pertenece exclusivamente a las partes.

IDEAS PRINCIPALES

Qué conviene recordar

01

La persona conciliadora conduce y facilita; no impone la solución.

02

Sus propuestas no son obligatorias para las partes.

03

La asesoría individual cumple una función distinta a la conciliación.

PREGUNTAS RELACIONADAS

Respuestas breves

¿La persona conciliadora puede decir quién tiene la razón?

No le corresponde resolver el fondo como un juez. Puede ayudar a analizar opciones sin imponer una decisión.

¿Puede proponer una solución?

Sí, puede formular alternativas dentro de su función facilitadora, pero las partes conservan plena libertad para aceptarlas o rechazarlas.

¿La propuesta de la persona conciliadora debe aparecer en el acta?

No como regla general. El acta no contiene las posiciones ni propuestas de las partes o de la persona conciliadora, salvo autorización expresa de ambas partes conforme a la ley.

BASE LEGAL Y FUENTES

Fuentes oficiales consultadas

La normativa debe verificarse nuevamente frente a los hechos y la fecha del caso.

01
Ley N.° 26872, Ley de Conciliación

Definición, principios, audiencia y función conciliadora.

02
D.S. N.° 017-2021-JUS

Funciones, deberes y reglas de actuación de los operadores.

03
Ley de Conciliación y Reglamento actualizados — Diario Oficial El Peruano

Artículos 60 a 62 del Reglamento sobre funciones y obligaciones de la persona conciliadora.

Revisión editorial y jurídica: 11 de noviembre de 2026.

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